BUENOS AIRES.- El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sea citada a prestar declaración indagatoria por la compra de un edificio para el Ministerio Público (PGN), en 2013, la cual consideró que fue “direccionada” para favorecer a una empresa y satisfacer “intereses personales”.
El magistrado dijo que se impone “la necesidad de averiguar la verdad de lo acontecido” en la adquisición del inmueble de calle Perón 667, de la Ciudad de Buenos Aires, por $ 43,8 millones (U$S 8 millones) en ese año.
También pidió que comparezcan a declarar como imputados Guillermo Alfredo Bellingi, Héctor Zurita, Jorge Damanico, Osvaldo Leguizamón, Juan Thill, Bárbara Jaureguiberry, Ignacio Costa Urquiza, Adrián González Fisher, Pedro Donato Viceconte y Roberto Martino, se informó en Tribunales.
Taiano basó el requerimiento que presentó al juez federal Julián Ercolini en “la necesidad de averiguar la verdad de lo que sucedió como meta del procedimiento y el interés social por el esclarecimiento de los casos de corrupción”.
Todo lo cual, añadió, “demanda un proceso judicial sin dilaciones que atienda a los compromisos del Estado argentino ante la comunidad internacional (Pacto Internacional contra la Corrupción) y al artículo 36 de la Constitución”.
El fiscal afirmó que “con el grado de sospecha propio de esta etapa procesal, puede sostenerse que el proceso licitatorio que lleva el número 01/2013, vinculado a la adquisición de un inmueble para funcionamiento de dependencias de la PGN, fue direccionado por los funcionarios intervinientes, quienes adoptaron las decisiones necesarias para adjudicarlo a la empresa Arfinsa”.
“La injerencia de Thill ante la PGN y su intermediación junto a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA en la Licitación Pública N° 01/2013, propició el desvío del interés de la administración pública para la satisfacción de intereses personales”, aseveró.
Sostuvo que “Arfinsa contó con información privilegiada de la operatoria, y a cambio abonó comisiones que buscaban dar un viso de legalidad a dinero destinado a comprar la voluntad de los funcionarios públicos que le aseguraban ganar” la licitación.
Quieren correrla
El abogado Eduardo Barcesat presentó una “acción de amparo” ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, en defensa de la procuradora general y “de la institucionalidad”.
Mediante una “acción expedita y rápida de amparo”, Barcesat pidió “el cese de toda amenaza, manifiestamente ilegal y arbitraria, emanadas del Poder Ejecutivo y funcionarios dependientes del mismo, de producir un desplazamiento de la actual titular del Ministerio Público Fiscal”.
“Desde antes de la asunción de las actuales autoridades del Gobierno Nacional, se gestó una campaña de presión, de tono -incluso- amenazante, tendiente a obtener que la titular del Ministerio Público Fiscal presentara la renuncia a su cargo”, sostiene el escrito, que responsabiliza a Mauricio Macri, Germán Garavano, Marcos Peña y a “legisladores nacionales oficialistas y pertenecientes a otras bancadas”.
Se despega
Horas antes de que el fiscal Taiano pidiera su indagatoria por la compra supuestamente irregular de un edificio para el Ministerio Público, la defensa de la jefa de la Procuración General pidió su sobreseimiento por entender que “se ha demostrado su absoluta ajenidad” a los hechos.
El abogado Alejandro Rúa hizo tres presentaciones en el marco de la causa judicial federal, la tercera de ella formulada el lunes, 24 horas antes de que se pidiera la indagatoria. (DyN/Télam/lanacion.com.ar)
QUE ACTÚE LA JUSTICIA
GARAVANO NEGÓ QUE VAYAN A UTILIZAR UN DECRETO
El ministro de Justicia, Germán Garavano, rechazó que el Gobierno pretenda desplazar por decreto a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, por su situación procesal en la que podría ser indagada en la investigación por la adquisición irregular de un edificio del Ministerio Público. “Lo descarto. Lo que tenemos que focalizar es en la investigación penal y que, en definitiva, la Justicia se pronuncie por este pedido de indagatoria”, sentenció Garavano durante una rueda de prensa en el Senado. De esta manera, el ministro despejó los rumores que indicaban que la administración de Mauricio Macri pensaba desplazar a la jefa de los fiscales con un decreto. (lanacion.com.ar)
POR JUICIO POLÍTICO
CARRIÓ EXIGE QUE SE RESPETE LA CONSTITUCIÓN
Luego del pedido del fiscal Eduardo Taiano para que Alejandra Gils Carbó sea citada a declaración indagatoria, Elisa Carrió se opuso a la posibilidad de remover por decreto a la procuradora general. “Debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes como Gils Carbó, a quien denuncié desde su nominación”, escribió la diputada nacional en Twitter. “O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político. Nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución”, agregó, en referencia a una posible destitución de Gils Carbó de su cargo. Carrió presentó varias veces su pedido de juicio político contra la jefa de los fiscales designada por Cristina Kirchner. (lanacion.com.ar)
¿SACARLA POR DECRETO?
EL OFICIALISTA TONELLI ACEPTA QUE NO LA QUIEREN
El diputado por Cambiemos e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, aseguró que no descarta “para nada” que el Gobierno destituya por decreto a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y aseguró que ya hay antecedentes. En ese sentido, resaltó que el Gobierno “siempre expresó, desde el primer momento, el deseo de que Gils Carbó deje de ser la procuradora” porque la consideran “parcial, carente de idoneidad, que orienta las investigaciones para favorecer a sus amigos y perjudicar a sus adversarios”. Tonelli explicó que la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que la remoción, debe hacerse a través de un juicio político, “es inconstitucional”. (DyN)